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Medidas de reducción del gasto:
¡A COGER LA FREGONA!
En octubre de 2010, el Gobierno de Canarias aprobó una serie de "medidas extraordinarias para la reducción del gasto". En principio, el objetivo de reducir los gastos superfluos, suntuarios y los innecesarios es compartido por todos los ciudadanos, y naturalmente por los empleados públicos.
Claro que una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo. Conocido el plan del Gobierno y una vez aprobados los Presupuestos para 2011, comprobamos que, junto a medidas de reducción racionales, por una parte se realizaba una auténtica agresión a los derechos consolidados de los empleados públicos y, por otra, se adoptaban medidas absolutamente irracionales e improvisadas, y "se olvidaban" de reducir determinados gastos, curiosamente los relacionados con el mantenimiento de los privilegios y prebendas de la clase política canaria.
Y así, mientras todos los departamentos de la Administración se "apretaban el cinturón", comprobábamos por ejemplo que el Presupuesto del Parlamento para 2011 se incrementaba un 1,82% respecto al de 2010, llegando a los 26,2 millones de euros (4.371 millones de pesetas). Y veíamos -por señalar una gota en el océano- como sus señorías se subían el sueldo al añadirse una paga más, o como seguían cobrando dietas por salir de su casa para ir al "trabajo" (mínimo 70 euros para los que residen en Tenerife, por ir de la calle del Castillo a la de Teobaldo Power).
Dentro de la Administración de la CAC, echábamos en falta, por ejemplo, la supresión de las "indemnizaciones por cese" de los altos cargos (¿cuánto nos costó a los canarios el último cese, por voluntad propia, de los altos cargos del PP? ¿alguien podría decirlo?), o del derecho que disfrutan a que se les abone el alquiler de una vivienda cuando residen en isla distinta, o al pago de dietas y gastos de desplazamiento si no optan por el cambio de domicilio. En estos supuestos no hay reducción que valga. Eso no se toca, son sus privilegios.
Esas medidas de reducción del gasto en algunos conceptos (los que no afectan a los privilegios de los políticos) se están aplicando ya: arregla la cisterna del baño, apaga la luz, imprime a doble cara, sale del trabajo a las 5 de la tarde aunque haya un sol que raje las piedras, entra a las 7.30 aunque sea noche cerrada, pon el salvapantallas en negro, te apago el ordenador a tal hora, te remito los escritos por e-mail (por cierto, si el empleado público destinatario de la comunicación está de permiso, o de vacaciones, nadie la recibe y se pasan los plazos, porque no se les ha ocurrido una cosa tan simple como crear cuentas institucionales del tipo direccióngral...@gobiernodecanarias.org donde se reciban todas las comunicaciones dirigidas a ese centro directivo), los conductores que se zurzan la ropa de trabajo, que se remienden los zapatos y que trabajen gratis porque no hay dinero para horas extras, etcétera, etcétera.
Una de esas medidas –plausible en principio- consiste en reducir el gasto en arrendamientos aprovechando los inmuebles patrimonio de la Comunidad Autónoma. Es una medida absolutamente lógica, aunque nos ha llegado el rumor de que algún edificio de los grandes, de esos próximos a la Avda. Tres de Mayo en S/C. de Tenerife, es arrendado y que ese, precisamente ese, no se toca.
Ya se ha dado la orden de traslado y algunas dependencias están en plena mudanza hacia otros lares. Entre ellas, la Dirección General de la Función Pública, centro directivo conocido y respetado por todos los empleados públicos por la eficacia, puntualidad, agilidad, regularidad y pulcritud respecto al cumplimiento del ordenamiento jurídico demostradas por los sucesivos altos cargos que han pasado por ella, virtudes que han demostrado sobradamente, por ejemplo, en la convocatoria y resolución de los concursos de traslados (sirva de ejemplo de todas ellas el último convocado, que afecta a los Subgrupos A1 y A2, o las ejecuciones de sentencias en esta materia).
Pues bien, ha llegado hasta nuestros oídos que parece ser que se ha producido una "falta de entendimiento" entre la dirección de Función Pública y la empresa adjudicataria del servicio de limpieza, "Ralons".
Consecuencias: ni esa empresa, ni ninguna otra, realizan la limpieza de las dependencias de Función Pública. Para "remediar" la situación, al parecer, se ha sugerido a los empleados públicos que se "autolimpien" sus despachos y mesas de trabajo.
¿Se atreverán a sugerirles también que agarren la fregona y la escobilla del baño? ¿Puede llegar a convertirse en un problema de salud? ¿Qué dice el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales al respecto?
Recordamos a la dirección de Función Pública que la falta de limpieza del centro de trabajo puede llegar a constituir infracción grave, conforme tipifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Creemos que no hace falta, pero por si queda algún despistado recomendamos a los empleados públicos que se abstengan de realizar cualquier actividad laboral que menoscabe su dignidad profesional, así como de intervenir de cualquier forma en un posible conflicto laboral ajeno.
Pero lo más grave, lo absolutamente reprobable, son las consecuencias que esta "falta de entendimiento", o de decisión de la dirección (mediante la adjudicación de un nuevo contrato), ya está teniendo para las trabajadoras y trabajadores del servicio de limpieza, a las que no se les ha comunicado por su empresa la finalización del contrato y a las que no se les permite acceder a su puesto de trabajo.
No saben si están despedidas o no, no conocen cuál va a ser su futuro después de –en algunos casos- más de 20 años trabajando para la Administración. Siguiendo el asesoramiento del sindicato que las defiende, lógicamente continúan acudiendo a su puesto de trabajo, vistiendo sus uniformes. Pero como no les permiten acceder a las dependencias de Función Pública pasan las horas de su jornada de trabajo en la calle, a la intemperie.
No entramos a valorar quién y por qué tiene razón, si la empresa o la Administración. Lo que sí condenamos rotundamente es la absoluta falta de la más mínima sensibilidad social de ambos y de respeto a la dignidad de los trabajadores. Y lo que también condenamos rotundamente es la falta de previsión de la Administración. No se pueden hacer las cosas deprisa y corriendo, aunque sea para cumplir una orden o una directriz por muy racional y lógica que sea, sin tener en cuenta las consecuencias que para los trabajadores, para las personas, pueda tener.
¿El lema de cierta campaña pre-electoral no era "SOY COMO TÚ"?
¡Y una M...!
Canarias, a 27de abril de 2011.
SINDICATO INDEPENDIENTE CANARIO.
