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Este viernes 14 de diciembre de 2012 la Dirección General de Función Pública nos convoca a
las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de Empleados
Públicos para tratar un Proyecto de Decreto de medidas coyunturales de reducción del gasto
público y las Medidas de ajuste del Capítulo I en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2013.
La reunión comienza pidiendo las organizaciones sindicales que se nos transmita información
sobre la valoración económica del ahorro que han supuesto la batería de medidas de ajuste
que se nos ha venido presentando en las diferentes reuniones y que se están aplicando. La
Inspectora General de Servicios nos comunica que espera poder hacer un análisis para
presentarnos esta información en futuras reuniones.
Se pasa a analizar el Proyecto de Decreto de medidas coyunturales de reducción del gasto
público, que plantea la eliminación de una serie de indemnizaciones por asistencia a órganos
colegiados o por razones de servicio. Desde las organizaciones sindicales se reitera la solicitud
de que se establezca un único grupo de indemnizaciones para todo el personal, equiparando
las que cobran los altos cargos (que son económicamente superiores) a las del resto de
empleados públicos.
Desde Intersindical Canaria proponemos que al igual que el Proyecto de Decreto establece un
control sobre las contrataciones relacionadas con el desarrollo de aplicaciones informáticas, se
establezca también un control sobre todas las encomiendas y externalizaciones que se estén
realizando y que sea la propia comisión encargada de realizar la reordenación de los recursos
humanos la que estudie caso por caso si cada una de estas encomiendas o contratos que se
pretenda realizar se pueden llevar a cabo con personal propio de la Administración o motive,
en su caso, la necesidad de hacerlas con personal externo.
Acto seguido se pasa a debatir las medidas de ajuste del Capítulo I, donde la Administración
nos trae a la mesa la misma propuesta:
las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de Empleados
Públicos para tratar un Proyecto de Decreto de medidas coyunturales de reducción del gasto
público y las Medidas de ajuste del Capítulo I en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2013.
La reunión comienza pidiendo las organizaciones sindicales que se nos transmita información
sobre la valoración económica del ahorro que han supuesto la batería de medidas de ajuste
que se nos ha venido presentando en las diferentes reuniones y que se están aplicando. La
Inspectora General de Servicios nos comunica que espera poder hacer un análisis para
presentarnos esta información en futuras reuniones.
Se pasa a analizar el Proyecto de Decreto de medidas coyunturales de reducción del gasto
público, que plantea la eliminación de una serie de indemnizaciones por asistencia a órganos
colegiados o por razones de servicio. Desde las organizaciones sindicales se reitera la solicitud
de que se establezca un único grupo de indemnizaciones para todo el personal, equiparando
las que cobran los altos cargos (que son económicamente superiores) a las del resto de
empleados públicos.
Desde Intersindical Canaria proponemos que al igual que el Proyecto de Decreto establece un
control sobre las contrataciones relacionadas con el desarrollo de aplicaciones informáticas, se
establezca también un control sobre todas las encomiendas y externalizaciones que se estén
realizando y que sea la propia comisión encargada de realizar la reordenación de los recursos
humanos la que estudie caso por caso si cada una de estas encomiendas o contratos que se
pretenda realizar se pueden llevar a cabo con personal propio de la Administración o motive,
en su caso, la necesidad de hacerlas con personal externo.
Acto seguido se pasa a debatir las medidas de ajuste del Capítulo I, donde la Administración
nos trae a la mesa la misma propuesta:
• Nuevo régimen de deducciones para las bajas por enfermedad.
• No reposición de efectivos (salvo lo previsto por la ley en los servicios esenciales).
• Limitación de las Ofertas Públicas de Empleo.
• No se permitirá la prolongación en el servicio activo de los funcionarios de carrera una
vez cumplan la edad de jubilación.
• Se revocarán todos los permisos de los funcionarios de carrera que actualmente se
mantengan en servicio activo tras la edad de jubilación.
• No se renovarán los contratos temporales cuando se extingan.
• Se incrementará la jornada laboral del personal estatutario desde las actuales 37 horas
y 10 minutos hasta las 37 horas y 30 minutos semanales.
• Se mantiene el incremento del número de horas lectivas del personal docente no
universitario actualmente en vigor.
• Reducción de jornada y sueldo para el personal laboral temporal e indefinido, así como
a los funcionarios interinos de un 20%.
• No reposición de efectivos (salvo lo previsto por la ley en los servicios esenciales).
• Limitación de las Ofertas Públicas de Empleo.
• No se permitirá la prolongación en el servicio activo de los funcionarios de carrera una
vez cumplan la edad de jubilación.
• Se revocarán todos los permisos de los funcionarios de carrera que actualmente se
mantengan en servicio activo tras la edad de jubilación.
• No se renovarán los contratos temporales cuando se extingan.
• Se incrementará la jornada laboral del personal estatutario desde las actuales 37 horas
y 10 minutos hasta las 37 horas y 30 minutos semanales.
• Se mantiene el incremento del número de horas lectivas del personal docente no
universitario actualmente en vigor.
• Reducción de jornada y sueldo para el personal laboral temporal e indefinido, así como
a los funcionarios interinos de un 20%.
La única novedad que plantea la Administración es que la reducción de jornada y sueldo para
el personal laboral temporal e indefinido, así como a los funcionarios interinos cuya jornada
sea inferior a 25 horas semanales, será de un 10%. Además nos comenta que las cotizaciones
a la seguridad social no se mantendrán, sino que se reducirán de forma proporcional a la
jornada y horario.
Acto seguido la Administración pregunta a las organizaciones sindicales las propuestas que
tienen, ante lo cual se comienzan a plantear tanto medidas de incremento de ingresos como de
ahorro en otros capítulos presupuestarios. Algunos ejemplos planteados fueron la incentivación
de las prejubilaciones, cobrar tasas por la instalación de cajeros automáticos, reducción de
altos cargos y personal eventual, etc... Desde Intersindical Canaria se propuso instaurar una
tasa ecológica que se cobre a los turistas que nos visitan y se recordó que alrededor de un 70
por ciento de las 100 medidas de ahorro planteadas hace ya varios meses por esta
organización sindical no han sido puestas en práctica por la Administración.
El Director General de Función Pública nos manifiesta que las organizaciones sindicales están
proponiendo medidas que van más allá del ámbito de negociación de la mesa y que tanto él
como el resto de representantes de la Administración están habilitados por el Gobierno de
Canarias solamente a negociar cómo se reducirían los 87 millones de euros del capítulo I.
Ante tal afirmación el vocal presente en la mesa por parte de Intersindical Canaria manifiesta
que de las declaraciones del Director General se interpreta que todas las propuestas que están
haciendo las organizaciones sindicales le servirán al Gobierno para ajustar su déficit
presupuestario pero evidentemente no quieren utilizarlas para eliminar o al menos minorar el
ajuste que se pretende realizar en el capítulo de personal (lo que evidencia que la decisión la
tiene tomada de antemano la Administración), ante lo cual decide levantarse de la mesa de
negociación.
Desde las organizaciones sindicales se recuerda que la medida de reducción de jornada y
sueldo planteada es ilegal y que hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
que lo ponen de manifiesto, ante lo que el Director General de Función Pública nos plantea que
la Directiva Europea a la que se refieren las sentencias establece unos casos excepcionales y
que el Gobierno entiende que la situación de crisis justifica esta excepcionalidad. Desde las
organizaciones sindicales se le manifiesta que la crisis podría justificar algún tipo de reducción,
pero que de ninguna manera justifica la discriminación de unos colectivos respecto a otros.
TENDRÁN EL PODER, PERO NO TIENEN LA RAZÓN. LA RAZÓN ESTÁ DE NUESTRA PARTE.
TE SEGUIREMOS INFORMANDO.
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Esta lista de distribución esta integrada en el Servicio de listas de distribución del Gobierno de Canarias. Si desea darse de baja de la lista envíe un correo vacío a la siguiente dirección: INTERSINDICAL-SIGNOFF-REQUEST@pueblo.gobiernodecanarias.org, o bien, pulse aquí.
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