[COBAS] MENORES DESPROTEGIDOS EN CANARIAS

INFORMA

SE AGRAVA LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

La Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia es competente para vigilar, ayudar, complementar y tutelar el cuidado y protección que todo menor en Canarias requiere y necesita. Para acometer las competencias delegadas del Estado, desde su origen, esta Dirección General es deficitaria en personal, en infraestructuras y en recursos materiales.

Desde el comienzo de la crisis económica en España, la situación ha empeorado, porque a pesar de haber sido declarados como sectores prioritarios los departamentos que conforman la Dirección General, en la actualidad la realidad que se impone en la provincia de Las Palmas es la siguiente:

• Puestos de trabajo que han desaparecido por distintas causas: jubilaciones; reasignaciones a otros departamentos.

• Aumento de población vulnerable y consecuentemente aumento de tareas, sin ampliación de la plantilla de personal.

• Traslados de jefaturas a otros departamentos "más cómodos" fuera de la Dirección General y jefaturas vacantes.

• Personal técnico sin espacios para realizar adecuadamente sus funciones de atención diaria a los ciudadanos.

• Logística inadecuada: ordenadores obsoletos, y fotocopiadoras e impresoras que no soportan el volumen de trabajo. Ello conlleva un gran retraso en la resolución de los asuntos urgentes.

La atención especializada y urgente que necesitan nuestros menores más vulnerables, que en la provincia de Las Palmas llega a alcanzar a más de mil declarados en "situación de desamparo" y más de quinientos con "medidas judiciales", no es posible atenderla por falta de recursos. La dedicación mayor de nuestros políticos indolentes va dirigida a otros asuntos que pueden darles más votos y no hacia la mejora del bien común de los ciudadanos.

Trabajadores/as de esta Dirección General nos comentan que, lamentablemente, cada día que pasa y no se interviene para paliar la problemática en estas edades tempranas del desarrollo infantil y juvenil, se agrava la situación social, física y psíquica del menor. Todo ahorro en políticas sociales de protección supone a medio y largo plazo, un aumento económico considerable en costes sanitarios y penales.

Por desgracia, en la provincia de Las Palmas los datos sobre menores vulnerables son mayores y más negativos que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, incomprensiblemente se da la circunstancia de que la plantilla de personal para atender a estos menores es menor en la provincia de Las Palmas. No se entiende este tipo de organización y cómo nuestros políticos confunden interesadamente el concepto de equidad con el de igualdad.

Por respeto a los menores y a sus familias, nos vemos en el deber de gritar a los que nos gobiernan: ¡ basta de maquillar los datos, de promesas vacías, de culpabilizar a las familias por su precariedad, de malgastar nuestros impuestos en asuntos no muy necesarios !. Nuestra población infantil y juvenil canaria no puede esperar más.

Exigimos el diseño de una "Política del Menor" adecuada y con la intervención de los trabajadores/as especializados, de acuerdo con los datos y necesidades reales, y con una mayor dotación presupuestaria dirigida a un aumento de personal e infraestructuras. Es una deuda histórica con la protección de menores en Canarias.

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